YO ACUSO. CUESTIONES 11-M POR PEDRO J RAMÍREZ

Reproduzco integramente el artículo de Pedro J. Ramirez a propósito de la presentación  del libro Tutadyn del químico Antonio Iglesias y del prologuista, Casimiro García Abadillo. Por supuesto ha sido publicado en el Mundo. No hay más que decir, tan solo esperar.

El 10 de enero de 1898, el prestigioso biólogo Émile Duclaux, director del Instituto Pasteur, publicó una carta en el diario parisino Le Siècle con la que abría lo que podríamos llamar el frente científico del caso Dreyfus. Sostenía que

 se había condenado a un inocente, denunciando la falta de rigor de la instrucción sumarial, la ligereza de la sentencia y la actitud de las autoridades, a las que presentaba encerradas en una cueva para no recibir la luz que podían aportar las pruebas caligráficas, el análisis químico de los documentos o el cálculo matemático de probabilidades.

Aunque sea imposible determinar cuál fue el impulso decisivo, es evidente que este gesto estuvo entre los detonantes de la mucho más extensa y célebre misiva que tres días después Émile Zola publicó en L’ Aurore con el título de J’Accuse. 

Si la ciencia entraba en liza en pos de la verdad, ¿cómo no iban a hacerlo la literatura y el pensamiento crítico?

Ni Antonio Iglesias está al frente de una gran institución pública -aunque méritos no le faltarían para ello- ni yo soy el Pedro Zola que para bien o para mal pintan algunos. Pero, a cambio, su aportación científica a la causa del esclarecimiento de lo ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004 es muc

ho más concreta que la de monsieur Duclaux, y yo supliré con constancia y empeño mis menores dones literarios.

En todo caso, desde el momento en que conocí el minucioso trabajo de este químico perfeccionista y abnegado, me pareció que era nuestro deber moral contribuir a divulgarlo para que el mayor número posible de ciudadanos tengan elementos de juicio tan decisivos como los que constituyen sus conclusiones.

Yo no sé lo que ocurrió el 11-M y el trabajo de Antonio Iglesias tampoco lo desvela. Pero sí demuestra que lo que no ocurrió es lo que dice la sentencia, porque en todos los restos de los focos se halló dinitrotolueno y en el único que no había sido lavado con agua y acetona se halló nitroglicerina, dos componentes que están en el Titadyn y no en la Goma 2 ECO. Por lo tanto, es científicamente imposible, químicamente imposible, molecularmente imposible por mucho que lo afirmen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que «toda o gran parte de la dinamita [que estalló en los trenes] procedía de Mina Conchita», porque en Mina Conchita había Goma 2 ECO, pero no Titadyn.

La otra gran aportación de este trabajo son los sólidos indicios de la manipulación policial de la investigación, brillantemente realzados por el texto de Casimiro García-Abadillo, que más que un prólogo es una auténtica hoja de ruta del estado de la cuestión. Puede decirse, pues, que gracias a este libro ya sabemos por culpa de quiénes no sabemos lo que ocurrió en el 11-M o, al menos, por culpa de quiénes las posibilidades que un Estado democrático tiene de averiguar la verdad sobre un atentado político de esa magnitud quedaron infamemente disminuidas.

Poner ahora a esas personas en la picota pública no sólo es un acto de justicia compensatoria, sino que constituye posiblemente la última esperanza de reactivar la maquinaria de las instituciones e intentar limpiar -como escribió Zola- «la mancha de cieno» que ensucia nuestra dignidad nacional.

Por eso, igual que hizo él hace 111 años -ojalá nos traiga suerte tan perfecto capicúa-, yo acuso.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos, al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, al predeterminar la investigación con la muestra patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo y al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de Investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido.

YO ACUSO a la perito química de los Tedax con carné profesional 17.682 de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al no redactar y entregar a sus superiores un informe por escrito especificando los componentes de la dinamita que identificó en los análisis realizados en el laboratorio de los Tedax durante el mediodía del 11 de marzo de 2004 y al destruir la disolución en agua y acetona de los restos empleados, impidiendo así toda posterior verificación.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de la Policía Científica, Carlos Corrales, de incumplimiento de sus deberes profesionales al no reclamar de forma fehaciente la entrega de los restos de los focos de los trenes para su análisis en su laboratorio tal y como era preceptivo.

YO ACUSO al entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz Pintado, y al entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, de incumplimiento de sus deberes profesionales al consentir expresa o tácitamente que el jefe de los Tedax no entregara a la Policía Científica los restos de los focos de los trenes.

YO ACUSO al general Félix Hernando, responsable de la UCO de la Guardia Civil, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con incumplimiento de sus deberes profesionales, al transmitir a la Comisión de Investigación parlamentaria, al juez instructor y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea sobre la investigación de la trama de explosivos en Asturias y el papel de sus confidentes en la misma, y al dar presuntamente instrucciones a su subordinado el alférez Jaime Trigo para que tratara de destruir la nota informativa que demostraba esa falsedad.

YO ACUSO al alférez de la UCO Jaime Trigo de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas al dirigirse al entonces segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, Francisco Javier Jambrina, y pedirle, según su testimonio judicial, la destrucción de la nota que dejaba en evidencia a su superior Félix Hernando.

YO ACUSO al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas al «alterar» de «forma inveraz» -tal y como ha establecido la Justicia- un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que -al margen de la propia trascendencia de dicho informe- existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección.

YO ACUSO al mando de la Policía Científica Alfonso Vega, jefe de la pericia ordenada por el tribunal del 11-M, de entorpecer la acción de la Justicia al poner trabas al trabajo de sus compañeros y al alentar en su propio informe al tribunal las más extravagantes teorías para tratar de justificar la aparición en los análisis de componentes químicos que echaban por tierra la versión oficial de los hechos.

YO ACUSO al juez Juan del Olmo de grave negligencia e incompetencia profesional al permitir la destrucción de pruebas esenciales como los propios trenes, al no asegurarse de que la Policía hubiera cumplido los protocolos establecidos para el análisis de explosivos, al concluir la instrucción sin tan siquiera contar con una prueba pericial de lo que estalló en los trenes, al permitir el incumplimiento de las normas de custodia de las pruebas, al orientar unidireccionalmente las investigaciones y al perseguir con saña sin «ponderación, mesura ni equilibrio» a los dos policías que podían poner en evidencia algunos aspectos irregulares de las mismas, tal y como acaba de establecerlo la Justicia.

YO ACUSO al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían «caminito de Jerez»; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos, al colaborar en el libro de su esposa sobre el juicio, y de manipulación política, al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza.

YO ACUSO a los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás de negligencia profesional, al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia.

YO ACUSO a la fiscal del caso, Olga Sánchez, y a su superior directo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de negligencia profesional e incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Estatuto del Ministerio Público al impulsar una investigación unidireccional, ceñida a la conveniencia del Gobierno, y desdeñar el valor probatorio de la evidencia científica mediante expresiones como: «En los trenes estalló Goma 2 ECO y vale ya» o «Da igual el explosivo que se utilizara».

No, no da igual el explosivo que se utilizara porque si, tal y como se deduce del riguroso trabajo del químico Antonio Iglesias, lo que estalló fue Titadyn, es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados y no cabe duda de que hay grandes culpables en libertad, pues nadie ha sido juzgado y condenado por suministrar este explosivo.

No, no vale ya. Por seguir ciñéndome a la estructura e incluso a las palabras literales de aquel artículo de Zola, en cuanto a estos 18 funcionarios públicos a los que acuso, «debo decir que ni les conozco, ni les he visto nunca, ni siento particularmente por ellos rencor ni odio. Les considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario [yo elegiría un adjetivo más modesto, pues, no en vano, la democracia ha progresado en los 111 años transcurridos] de activar la explosión de la verdad y de la justicia».

Zola concluía de forma impactante y melodramática: «Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente».

Yo suscribo ese mismo espíritu de lucha por la verdad y, por supuesto, como siempre, asumo las consecuencias de la libre expresión de estas opiniones. Pero, dicho sea con toda franqueza, aspiro a que los juzgados sean ellos.

Yo sólo puedo acusarles ante el tribunal de la opinión pública pero confío en que todos estos indicios, pruebas y argumentos estimulen a quienes están legitimados para ello a iniciar las acciones pertinentes para que todas o al menos algunas de estas 18 personas deban rendir cuentas de sus actos en el plano profesional, administrativo o eventualmente penal. Sólo procediendo contra ellos podremos ahora recorrer el camino inverso de las piedras de Pulgarcito hacia el origen de los hechos y las fuentes de la verdad.

«Así lo espero». Yo también

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EL FANTASMA DEL 11- M. TITADYNE QUE NO GOMA 2

La «versión oficial del11M SE DESMORONA. La pasada semana se conocían algunos detalles relativos a los explosivos que no concordaban con la versión de que en los trenes había estallado Goma 2 ECO . El perito Antonio Iglesias señalaba que en la mejor muestra analizada lo que había era Titadyn, una revelación que confirmaba este lunes en una entrevista en el periódico El Mundo en la que  revelaba algunos detalles no poco llamativos de la prueba pericial. En su estudio descubría que en los explosivos de la Kangoo, que sí eran Goma 2 ECO, había una coincidencia que revelaba que procedían del mismo cartucho (o habían estado almacenados juntos) que la muestra que la policía facilitó como «muestra patrón», algo que aumenta las sospechas sobre la creación de pruebas falsas.

Hoy mismo, otro experto que participó en la pericia, Carlos Romero, corrobora la versión de su compañero y asegura que el jefe de la Policía Científica «nos quiso tomar el pelo descaradamente». Y no se ha limitado a decirlo en los medios, sino que tal y como refleja en una entrevista en El Mundo, «hablé con el decano del Colegio de Químicos apoyando a mi compañero«.

A su juicio, la investigación fue un desastre a la hora de la obtención de pruebas. Romero relató los despropósitos: «Si hubiera encontrado otras dos muestras similares, si las aguas de lavado de las muestras no hubieran desaparecido y si los trenes no se hubieran fundido, hubiéramos encontrado más cosas».  De este modo, al igual que hizo Antonio Iglesias, este otro perito criticó la actuación del jefe de la pericia de la Policía Científica, Alfonso Vega. Así, indicó que «le dije a Alfonso que le reprobaba químicamente«. Y es que el perito independiente dijo que «nos tomó el pelo. Hay cosas que son evidentes, nos quisieron tomar el pelo descaradamente«.

Ha dicho que todo «está grabado», por lo que espera que «todo eso no lo hayan camuflado». Romero añadió que en dichas grabaciones aparecen las discusiones y cómo les intentaron «tomar el pelo y no nos hemos dejado». Además, denuncia la presencia en la pericia de gente que no tenía que estar allí.

Incluso, este experto químico señala la tensión que vivió con el juez Gómez Bermúdez. «Recuerdo que en la pericial ante el tribunal aporté el cromatograma de la muestra, que era clavado al Tytadin. Gómez Bermúdez me dijo que me callara seis o siete veces pero yo quise dejarlo claro. El cromatograma es clavado, es clavado», sentenció.

Si todo lo publicado por los únicos medios que se han ocupado del 11-M, cadena cope, Libertad Digital y El Mundo se demuestra con el tiempo, habrá que felicitarse por su esfuerzo contra viento y marea ante unas fuerzas políticas silentes y unos medios de comunicación que no merecen tal nombre. Me llama mucho la atención el silencio que se aprecia en torno a cualquier cosa relacionada con este terrible atentado. Se trata y con un descaro atroz de tapar el asunto. ¿Porque será?. Hasta ZP se chotea de las revelaciones aparecidas estos últimos días. Comparar el 11-M con Elvis es de lo más chabacano, cruel y desvergonzado que he escuchado en los últimos tiempos. Es evidente que ZP tiene la gracia en el orto que diria Del Potro, el tenista argentino en referencia a Rafa Nadal. ¿Engañaron a los jueces, primero al instructor y luego al tribunal sentenciador o se dejaron engañar vilmente y los falsos testimonios evacuados en sala se los tragaron tapandose la nariz y olvidando aquella frase tan recordada por algunos del famoso caminito de Jerez al que aludia el juez Bermudez en referencia a Manzano y algunos otros que mintieron con una desverguenza atroz?. Ojala pueda conocerse la verdad de este asunto algún día. Lo que me temo es que hay demasiados interesados en que la verdad de lo ocurrido nunca se sepa. El panorama es aterrador. Con todo, la esperanza es lo último que se pierde. Que los medios que siguen en la brecha no abandonen. Esa es mi esperanza. Y la de todos los que no comulgan con la versión oficial que demuestra una cosa. La sentencia no resuelve el mayor atentado de la historia de España.

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SENTENCIA 11 – M

Con retraso, el enlace de la sentencia completa. Es de interés darle una lectura completa. Ni que decir tiene que lo mejor de la misma son los fundamentos jurídicos y fallo de la misma. De los denominados hechos probados podemos decir sin temor a incurrir en error que existen más sombras que luces. En todo caso, ahí va……

Se acabó el mayor juicio de la historia de España. Otra vez estamos en carrera electoral, ya han pasado cuatro años. ¿ha cambiado algo?. ¿Volverán a estallar bombas antes de depositar el voto en la urna?.

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LA SENTENCIA DEL 11 – M ………… EN BREVE

Se anuncia en los medios que la sentencia del juicio del 11 – M se publicará en pocos días, como todas las sentencias, «en nombre de Su Majestad el Rey» . Hasta la fecha entiendo y hasta me cuesta creerlo, pues ha sido unánime, el trato que se ha dado a este episodio ya de nuestra historía.En mi opinión, un trato ejemplar. Me refiro a la ausencia de noticias, rumores, dimes y diretes desde que se dejó el juicio visto para sentencia, esto es, desde que acabaron las sesiones de la vista oral. Así las cosas no queda más que esperar y después estudiar a fondo la resolución judicial. Por otra parte no cabe esperar grandes sorpresas. Uhmmm. Siempre quedarán los enigmas del 11 M con Del Olmo y Sanchez en papeles estelares. Por siempre. Pavor me da recordarlo. Ufff. ¿Como saldrán de este entuerto?. La sentencia debería resolver estas cuestiones siquiera de modo indirecto en los fundamentos de derecho, reconociendo de antemano que no es función de la sala de la audiencia nacional » juzgar – valorar la instrucción, pero si resolver en atención a la misma. Un dilema. Sin duda.

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LA ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACUSADOS EN EL JUICIO DEL 11 – M

LLegado el fin del juicio oral lo cierran las palabras finales de los acusados. El acusado Jamal Zougam declaró ante el tribunal que medios de comunicación y políticos le utilizaron entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, día de las elecciones generales, para afirmar que «fueron islamistas» los responsables de los atentados de los trenes de cercanías. «Algunos tenían interés en que fuera yo el culpable. Yo no sé si fueron islamistas o no, probablemente sí, pero yo no fui», añadió.

El acusado dio extensos detalles sobre las contradicciones en las que incurrieron los testigos que le reconocieron en distintas estaciones o trenes de cercanías. Por ejemplo indicó que el testigo A-27 incurrió en múltiples contradicciones. «Dice que cogió el tren desde Alcalá de Henares a las 7:10 de la mañana y que se introdujo en el centro del convoy, una persona le empujó desde el lado izquierdo y observó a un individuo sentado junto a él que intentaba introducir una bolsa debajo del asiento, no obstante el artefacto había sido colocado en el vagón número 4 debajo de una papelera», explicó. Zougam agregó que «nadie comete un atentado utilizando las tarjetas de su negocio».

Fouat El Morabit, acusado de pertenencia a organización terrorista para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión, señaló que no tuvo «la más mínima participación, ni la más pasiva actuación que se pueda imaginar». El Morabit destacó, además, que no ha quedado demostrado que en la casa de la calle Virgen del Coro de Madrid se celebraran reuniones de tipo islamista y destacó que la visita del suicida Rifaat Anouar a la vivienda el día 11 de marzo por la noche no estaba dirigida a buscar refugio, ya que en aquel momento todo el mundo pensaba que el responsable de la masacre era la banda terrorista ETA.

Por su parte, Abdelilah El Fadual El Akil, acusado también de pertenencia a organización terrorista, se dirigió también a las víctimas y dijo que «cada día» llora por sus familiares. El acusado resaltó que vino a España «debajo de un camión» y que con ese esfuerzo quiere demostrar que quiere a este país. «Yo también me siento una víctima, no he visto crecer a mi hijo, no le he visto empezar a andar», destacó. El Fadual El Akil reconoció que era amigo de Jamal Ahmidan, alias «El Chino», pero concretó que una vez que regresó a España después de permanecer encarcelado en Marruecos, en 2003, perdieron el contacto. «Aquí se mete a todos en el mismo saco porque somos musulmanes y no todos somos iguales», indicó.

Los considerados autores intelectuales de los atentados Rabei Osman El Sayed, alias «Mohamed El Egipcio», y Youssef Belhadj indicaron que se acogían a todo lo dicho por sus abogados.

El asturiano Antonio Toro, ex cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, realizó esta tarde, haciendo uso de su derecho a la última palabra, una breve alocución ante el tribunal en la que no condenó los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Todos los anteriores acusados que se dirigieron a la Sala expresaron su condena antes de exponer sus argumentos en su defensa.

Toro dijo que únicamente quería concretar dos datos que considera no han quedado suficientemente claros. Así indicó que nunca entregó al acusado Rafa Zouhier una muestra de explosivo y dijo que tampoco le dio detonadores. En este sentido, agregó que la prueba esgrimida por las acusaciones para demostrar su viaje a Madrid para realizar la entrega de estos dispositivos es que utilizó para el desplazamiento un Renault Megane. Resaltó que, según se ha podido comprobar a través de la sentencia de la Operación Pipol, en la que fue juzgado por tráfico de drogas, en aquel momento, verano de 2003, el coche se encontraba en un desguace. Por parte José Emilio Suárez Trashorras, para el que la Fiscalía pide 38.962 años de prisión, declinó dirigirse al tribunal.

Uno de los considerados autores intelectuales de los atentados Hassan El Haski, dijo no entender, dos años después de su detención, los cargos que existen contra él. Destacó que ninguno de los 116 detenidos en relación con la masacre le conoce . «No consigo entender como es posible que la respetable fiscal se siga aferrando a acusarme», añadió. El Haski reconoció que conocía a varios de los implicados en los atentados pero dijo que «no sabía nada de lo que querían hacer». Destacó, además, que entre Jamal Ahmidan alias «El Chino» y él existía odio a causa de su religión, ya que Slimane Aoun es de procedencia chiita. Justificó las llamadas efectuadas a «El Chino» por la necesidad de que le devolviera una lámpara de un vehículo que él se encargaba de reparar. Además el joven asturiano.

Por su parte el acusado Mahmoud Slimane Aoun, acusado de colaboración con banda armada y falsedad en documento oficial, indicó hoy que es «inocente» y recalcó que huyó de su país para evitar la violencia ya que allí mataron a su hermano, su padre ciego, sus tíos y siete de sus hijos.

Antonio Iván Reis Palicio se limitó en su turno a agradecer su labor a su abogado y a decir que es «inocente».

El acusado Rafa Zouhier, al que la Fiscalía considera cooperador necesario para la comisión de los atentados, destacó que un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le visitó cuando ya se encontraba encarcelado y que le amenazó para que no hiciera referencia alguna a que conocía con antelación la existencia de una trama de tráfico de explosivos en Asturias. Explicó que el miembro de la UCO le indicó: «No digas a nadie nada de los explosivos porque sino te vas a comer 200 muertos». Añadió que a pesar de eso decidió contar la verdad porque los españoles merecían saberla. «Si al final paso todos esos años en la cárcel lo haré con la conciencia tranquila», agregó.

El acusado centró su última palabra en insistir en que denunció antes de los atentados que sabía que unos asturianos ofrecían explosivos y destacó que a pesar de UCO de la Guardia Civil conocía este dato no hizo nada. «¿Cuantas veces hay que ir a decir que alguien está vendiendo explosivos?», se preguntó y explicó que siempre había pensado que la policía hacía su trabajo. «Yo no soy el que tiene que hacerlo», destacó. Zouhier añadió que no le vale que después de los atentados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se echen las manos a la cabeza y se preguntó por qué no se utilizó «el saco de pruebas» del que disponían para «parar ese tráfico de explosivos en las minas».

El acusado Rachid Aglif destacó que el único delito que ha cometido es llevar a Rafa Zouhier, a la reunión celebrada en el Mc Donalds de Carabanchel entre Trashorras y «El Chino». Acusó a Zouhier, que entonces era su amigo, de intentar implicarle e inventar que fue él el que habló de explosivos en aquella reunión y decir que actuaba como «lugarteniente de ‘El Chino'».

Los acusados Carmen Toro, ex mujer de Suárez Trashorras, Sergio Álvarez y Saed El Harrak declinaron hablar ante el tribunal.

El acusado Basel Ghalyoun destacó el cambio de declaración efectuado por la testigo que dijo en un inicio haberle reconocido en uno de los trenes de cercanías y aseguró que agradece que esta persona fuera «honrada y decente» y que se diera cuenta de que su primer reconocimiento había sido manipulado. El acusado se refirió también a la aparición de su ADN en un gorro árabe encontrado en los escombros de la casa de Leganés y dijo que la perito nunca dijo que el otro perfil localizado en la prensa además del suyo fuera «anónimo» sino que indicó que no habían podido llegar a resultados concluyentes. «No se puede descartar que pudiera pertenecer a Rifaat Anouar u otra persona», dijo Ghalyoun que siempre ha defendido que pudo coger el gorro en alguna de las visitas del suicida al local de la calle Virgen del Coro, donde residió un tiempo.

En este sentido, se dirigió a la fiscal Olga Sánchez y se preguntó por qué motivo le cuesta creer que un ADN «se traslade de un sitio a otro» y sin embargo defienda que restos de explosivos almacenados puedan contaminarse con sustancias ajenas a su composición. «Para el ADN basta con tocar algo durante más de 10 segundos», defendió. Denunció, además, la utilización política de su caso, y se refirió a la filtración de sus conversaciones con su madre que se publicaron en un periódico nacional.

Por su parte los asturianos Iván Granados y Javier González declinaron hablar ante el tribunal.

Abdelmajid Bouchar, acusado de la autoría material de los atentados, indicó ante el tribunal que, a pesar de que en una bolsa de basura cercana a un contenedor de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés se localizara su ADN en huesos de dátil y aceituna, no se encontraron restos del ADN de las personas que murieron en la explosión. Negó además haber estado en la casa y descalificó las declaraciones del agente que le persiguió en su huída y le reconoció posteriormente en una rueda de reconocimiento. «Es mentira, yo no he estado allí», dijo.

Así, recordó que el agente que le reconoció explicó que vio a una persona que huyó de la casa, pero realmente no podía decir de dónde había salido esa persona. Recordaba, añadió, que tenía las piernas largas y su misma altura, pero recalcó: «No pudo ver su cara». Dijo también que se marchó a Serbia no para huir de la Justicia, sino porque quería «cambiar de aires».

Nasredine Bousba se dirigió al tribunal para comunicar que «es inocente» y confía en su criterio.

Por su parte, el primo de «el Chino», Hamid Ahmidan, dijo en una breve intervención que si el suicida hubiera estado aquí «el no estaría en la pecera» y recordó que estaba trabajando por 30 euros al día cuando se produjo su detención, a pesar de la fiscal Olga Sánchez diga que se encontraron drogas por valor de un millón de euros en la casa que ocupaba.

Otman El Gnaoui al que el Ministerio Público acusa ahora de cooperación necesaria para la comisión de los atentados destacó que se «siente también víctima» y recordó que se presentó voluntariamente ante la policía para denunciar lo que sabía.

El acusado Mohamed Larbi Ben Sellam denunció cuando se encontraba encarcelado los policías intentaron hacerle tragar carne de cerdo a pesar de que su consumo está prohibido por su religión. Dijo también que estuvo cuatro meses sin poder contactar con su abogado y agradeció su atención a la sala. Condenó los atentados y recordó que la casa de Santa Coloma de Gramenet en la que residía durante su detención no se utilizaba para albergar a huidos ya que era «pública» por lo que la ocupaban diferentes personas con las que él no mantenía ningún contacto. Recalcó, por último que no participó en ninguna de las reuniones mencionadas en el juicio destinadas a promocionar la yihad.

Por su parte, Mohamed Bouharrat criticó la actitud del Ministerio Fiscal y aseguró que ha planteado teorías en su contra sin pruebas que las respaldaran. En cuanto a Mohamed Moussaten, solo indicó que condena «los atentados rotundamente» y recalcó que es «inocente».

La última intervención fue la del acusado Mouhannad Almallah Dabbas que aseguró que para él «Madrid es igual que Damasco» y destacó que cuando se produjeron los atentados lo pasó mal» por «el pueblo español que perdió a sus ciudadanos» y también por el «pueblo árabe por ser sospechoso». «Me duele mucho que cada vez que aparece un suicida por religión los políticos lo utilicen», destacó y añadió que su repulsa hacia el terrorismo es tal que incluso llegó a salir en dos manifestaciones contra el terrorismo en España.

En cuanto a las declaraciones efectuadas por su ex novia que señaló ante el tribunal que el casa de la calle Virgen del Coro de Madrid se celebraban reuniones yihadistas, indicó que no quería entrar «en las mentiras y contradicciones» de esta persona y propuso al tribunal entrar unos datos por escrito donde quedan reflejadas.

Al término de la exposición que han realizado los acusados, Gómez Bermúdez ha dejado el juicio visto para sentencia. «Gracias a todos por su colaboración y compresión. Queda visto para sentencia».

Por último se acompaña enlace en el que el diario el mundo trata de las claves para comprender lo ocurrido durante el desarrollo del procedimiento que pasará a la historia judicial española con ese número de sumario ya inovidable para todos. El sumario 20/04.

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SINOPSIS. JUICIO 11 – M

Cuatro meses y medio, 57 sesiones de mañana y tarde. Este es el tiempo en el que ha quedado zanjado el juicio del 11-M. En manos del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional queda la deliberación sobre los 28 procesados. Al final, los 28 inculpados harán uso de su derecho a la última palabra. Tenemos:

Tres supuestos ideólogos o inductores de la masacre, que habrían dado las instrucciones sobre la fecha de ejecución y sobre el comportamiento de la célula terrorista (movimientos antes y después, reivindicación, eventual huida e incluso el suicidio). Visitaron España en febrero, pero estaban en otros países europeos cuando se produjo el atentado. Youssef Belhadj en Bélgica, Hassan el Haski en Francia y Rabei Osman el Sayed en Italia. Sin embargo, no hay pruebas palpables de su implicación. Sólo sospechas basadas en indicios. Según la defensa de Belhadj, la Fiscalía ha internacionalizado el proceso para consolidar la autoría islamista y a falta de los verdaderos autores materiales (supuestamente huidos o muertos).

– Dos supuestos autores materiales. Uno, Abdelmajid Bouchar, por estar junto a los suicidas de Leganés, de quienes la fiscalía da por hecho que fueron autores materiales, aunque no se hayan encontrado huellas de todos ellos en el resto de escenarios asociados al atentado. El otro, Jamal Zougam, por haber sido identificado en tres trenes diferentes, aunque no haya ADN ni huellas suyas en ningún lugar relacionado con el atentado. Bouchar y Zougam eran muy parecidos físicamente en aquel momento. A Zougam también se le atribuye el suministro de las tarjetas y los teléfonos empleados a fabricar las bombas.

– Un supuesto encargado de las finanzas de la célula islamista a través del tráfico de drogas, Hamid Ahmidan. Un supuesto falsificador de documentación, Nasrredine Bousbaa. Y un grupo de ‘machacas’ de confianza del líder operativo que llevaron a cabo diferentes labores logísticas o de mero apoyo: Otman el Gnaoui, Rachid Aglif, Saed el Harrak, Abdelilah el Fadual el Akil, Mahmud Slimane, Mohamed Bouharrat.

– Miembros de una célula islamista a los que se atribuye una relación con el atentado que no ha podido concretarse ni en la fase de instrucción ni en la vista oral. Aquí estarían los habitantes de la calle Virgen del Coro, controlados por la Policía antes del 11-M (Mouhannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit y Basel Ghalyoun); y Larbi ben Sellam, cabecilla de la organización con vínculos en el extranjero que se encargaba de la captación y de las huidas.

– El grupo de asturianos responsabilizados del suministro de explosivos. El supuesto líder de la trama, con más vínculos ineludibles con los terroristas, es Emilio Suárez Trashorras. Su ex cuñado Antonio Toro y su ex esposa, Carmen Toro, tienen un papel sin esclarecer en el negocio, aunque su situación en lugares y fechas clave de la negociación los han convertido en cómplices de Trashorras. Algunas acusaciones apuntan más alto, aunque sin pruebas. Por otro lado, están los trabajadores de Mina Conchita que, supuestamente, participaron en una supuesta sustracción masiva del explosivo. Y por otro, dos chicos que hicieron de correo para, también supuestamente, traer dinamita o detonadores a Madrid. Todo esto, según la fiscalía.

– Finalmente, Rafa Zouhier, confidente de la Guardia Civil que, presuntamente, puso en contacto a los terroristas con los traficantes de explosivos.

La deliberación de la sentencia puede durar hasta cuatro meses antes de su lectura pública. No es descabellado prever que podamos encontrarnos con alguna absolución. De hecho, durante la vista oral se ha producido una, la del joven Brahim Moussaten, al que la Fiscalía y las acusaciones particulares retiraron los cargos al comprobar que la única prueba en su contra aportada por el Ministerio Fiscal era incorrecta.

Gracias a la vista pública del juicio, hemos podido comprobar cómo algunos cargos imputados se sustentan en pruebas que no son todo lo sólidas que cabría esperarse en la causa por el mayor atentado de nuestra historia. La debilidad de algunas de ellas las ha rebajado a la categoría de indicio. Cómo las interprete el tribunal es la gran incógnita de este proceso, en el que se pueden sentar precedentes sobre, por ejemplo, la importancia que puede suponer haber mantenido contactos telefónicos con un autor material de un atentado en las fechas previas al mismo o la relevancia que puede tener ser un islamista radical para ser considerado un terrorista en potencia o miembro de un grupo terrorista.

De lo que sí se han presentado pruebas, aunque no todas las que algunas acusaciones deseaban, es de que ETA no ha participado en los atentados.

Lo más frustrante, no haber podido averiguar quiénes y cómo llevaron a cabo el atentado el 11 de marzo de 2004. Tampoco hemos podido saber a ciencia cierta el tipo de dinamita que estalló en los trenes, clave para responsabilizar de las muertes a determinados acusados.La vista oral también ha puesto de manifiesto que las Fuerzas de Seguridad controlaban a parte de los supuestos autores (fallecidos en el suicidio colectivo de Leganés) y a algunos de los ahora procesados. ¿Cómo es posible que nadie llegara a interceptar sus planes? Ésta ha sido la pregunta inevitable a lo largo de todo el juicio. «La gran faena es que siempre fuimos un paso por detrás», reconoció uno de los policías que declaró ante el tribunal.

Un macrojuicio de estas características podía haberse prolongado ‘sine die’. Sobre 28 procesados, han comparecido más de 309 testigos, 117 de ellos policías y guardias civiles. Además, han intervenido 71 peritos para exponer sus informes contra los acusados. De estos, todos son policías, menos 16 forenses y 13 particulares.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, anunció su previsión al comienzo de la vista oral del juicio, el 15 de febrero: quedaría visto para sentencia en julio. Hoy es 2 de julio. En estos cuatro meses y medio, el magistrado ha ido moldeando el calendario de sesiones para acabar en plazo, señalando más o menos por semana en función del ritmo mantenido.

Desde el principio, ya recibió elogios por dar muestras de que lo tenía todo controlado: los hechos, el sumario, lo que podía aportar cada testigo y cada prueba, lo que podía durar cada comparecencia… Y así ha sido. Si bien ha dejado que la Fiscalía, los abogados de la defensa y las acusaciones particulares exprimieran a cada testigo y cada perito, también ha tenido la lucidez de cortar en seco cuando podía adivinar que el testigo o el perito de turno ya no podían aportar nada más a la causa, impidiendo digresiones y debates estériles.

La perspicacia que ha demostrado para darse cuenta de detalles relevantes que otros dejaban pasar por alto le ha puesto en bandeja la confianza de todos y cada uno de los 49 abogados (26 defensores y 23 acusadores). Y lo que es más significativo: las víctimas, divididas desde el principio por la solvencia que otorgaban al trabajo de la Fiscalía, confiaron en él en cuanto comprobaron su inteligencia y su actitud imparcial.

Hábil en la exhibición de su autoridad, ha hecho gala de templanza e inteligencia hasta en los momentos más delicados como la huelga de hambre de los presos o la investigación que le abrió al ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera por negarse a declarar una información relevante.

Junto a él, en la toma de decisiones, siempre, los otros dos miembros del tribunal, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás.

Pese a su complicación, ha sido un juicio impecable, según reconocen los abogados que han tomado parte en el proceso. La mayoría opina todo lo contrario de la instrucción judicial de Juan del Olmo que le ha precedido y en la que se ha sustentado. Los letrados, sobre todo los defensores, denuncian no haber podido tomar parte en la práctica de pruebas. El secreto sumarial mantenido hasta 10 meses antes del juicio, ha perjudicado, sobre todo, a los procesados, que desconocían los cargos presentados por la Fiscalía y las pruebas que los sustentaban.

La mayor parte de los abogados ha mostrado una dedicación casi exclusiva a la causa. Los que asisten a las víctimas personadas como acusaciones, por la responsabilidad que supone hacerles justicia; los defensores de los procesados, por demostrar que la investigación no ha sido lo rigurosa que un proceso así requiere para encerrar en prisión a los culpables. Extraido del diario el mundo.

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JUICIO 11 – M SUMARIO 20/04 QUINCUAGÉSIMO SEXTA SESIÓN. (informe defensa de Jamal Zougam por el letrado Jose Luis Abascal).

El abogado José Luis Abascal tenía uno de las defensas más difíciles en el juicio del 11-M, la de Jamal Zougam, el primer detenido por los atentados, el 13 de marzo, el «culpable oficial», como él lo ha llamado. Contra él, cuatro testigos que afirmaron haberlo visto en los trenes. Gran parte de su alegato lo ha dedicado a desvirtuar los testimonios por las incongruencias que, a su juicio, han encerrado. José Luis Abascal, defensor del acusado de la autoría material de los atentados Jamal Zougam, destacó en su informe de conclusiones definitivas que su cliente es «la cabeza de turco de esta sociedad» y añadió que fue «el chivo expiatorio que nos ofrecieron a todos».

Además, ha advertido, «el reconocimiento debe ir acompañado de pruebas». Y no las hay. No hay rastros genéticos, ni huellas, ni ropas de Jamal Zougam en ninguno de los lugares investigados. Tampoco hay testigos que lo hayan visto en Leganés o en la finca de Morata de Tajuña. Los procesados que trabajaron en la casa de esta localidad, junto a Jamal Ahmidan ‘El Chino’ han dicho no conocerlo. «Es el chivo expiatorio, el cabeza de turco», ha afirmado.

Lo acusan de haber proporcionado las tarjetas que, supuestamente, usaron los terroristas para activar los teléfonos con los que construyeron las bombas de los trenes. En realidad, sólo de una de ellas, la que apareció en una bolsa bomba que apareció en la comisaría de Puente de Vallecas entre los objetos personales de los pasajeros del tren que estalló en El Pozo. Es la única prueba que vincula a su cliente con los atentados.

El teléfono móvil que formaba parte del artefacto explosivo condujo a la tienda que Zougam tenía en el barrio de Lavapiés. Se descubrió que la tarjeta de ese teléfono se había vendido en una partida de 30 tarjetas en aquel comercio y que algunas de ellas fueron activadas en las 24 horas previas al atentado en Morata de Tajuña, donde, supuestamente se prepararon las bombas.

El letrado ha comenzado denunciando las perversiones del lenguaje que, a su juicio, hay en el escrito de acusación de la fiscal, Olga Sánchez. La realidad es que las tarjetas relacionadas con el atentado fueron «vendidas» en la tienda que Zougam tiene en Lavapiés, y «no se puede acusar a una tienda de vender tarjetas», ha argumentado Abascal. Y tampoco se puede responsabilizar a la tienda del «uso» que los clientes den a la mercancía, ha añadido.

La defensa ha planteado por qué iba a vender Zougam las tarjetas a sus supuestos compinches en el atentado. Segundo, si hubiera tenido algún vínculo con los terroristas, habría huido, ha afirmado. José Luis Abascal ha asegurado que no hay manera de demostrar que Zougam conociera a quienes compraron las tarjetas y mucho menos que conociera el propósito de quienes las compraron. De hecho, él no hacía tareas de venta ni controlaba la mercancía, sino que era su socio, Mohamed Bekali, quien lo hacía. «No ha cometido ilícito penal alguno vendiendo tarjetas. Es su negocio», ha sentenciado el abogado, reclamando la «absoluta inocencia» de Zougam.

Pero Zougam era un ‘viejo conocido’ de la Unidad Central de Información Exterior (lo declararon varios policías en el juicio) porque ya había sido observado por encargo de la policía francesa. El letrado lo ha presentado como un «cabeza de turco» y, aunque en ningún momento ha afirmado tajantemente que la bolsa bomba fuera una prueba falsa, colocada a propósito por las fuerzas de seguridad, para dirigir la investigación todo su discurso llevaba a esa conclusión. Abascal ha explicado cómo el procedimiento empleado por las fuerzas de seguridad en el traslado de los efectos personales de El Pozo hacen que no pueda descartar cualquier hipótesis, por descabellada que parezca.

Los Tedax de la Policía revisaron los trenes hasta tres veces y sacaron a los andenes todos los efectos personales encontrados. ¿Cómo no iban a reparar en una bolsa de 10 kilos de peso?, se pregunta el letrado. De hecho, un agente descubrió una bolsa que sacó al andén, donde fue explosionada.

Aquí comienza la denuncia de la mala organización policial que pudo facilitar la colocación de la prueba falsa, según el letrado: en el escenario entraron dos hombres que dijeron ser policías, pero no se identificaron como tales, los agentes que transportaron los objetos no hicieron ningún inventario de ellos; ni siquiera contaron las bolsa grandes de basura en las que los metieron. Viajaron en dos furgonetas a la comisaría de Villa de Vallecas; de allí a la de Puente de Vallecas; de allí a Ifema, donde fueron descargados (allí se rompió la cadena de custodia); y de allí, de vuelta a Puente de Vallecas, donde a medianoche empezó el inventario de objetos y hacia las 2.00 de la madrugada un agente en prácticas encontró la bolsa bomba.

De esa tarjeta no consta su número de teléfono en ninguna parte, ha denunciado el letrado, que se ha preguntado por diversas irregularidades en el comportamiento de la Policía desde que se hace cargo de ella hasta que llega al locutorio de Zougam, en Lavapiés el 13 de marzo, dos días después del atentado. De hecho, el letrado ha llegado a plantearse «si es que existió alguna vez». Si condujo a otros dos comercios, el primer distribuidor y el liberador de teléfonos, por qué sólo ha resultado procesado Jamal Zougam y no los dueños de esos negocios.

El primer testigo dijo haberlo visto en el tren que estalló en El Pozo. El problema es que él mismo sembró la duda sobre su testimonio cuando declaró ante el tribunal. Al día siguiente de los atentados, ante la policía, dijo que lo había visto en el piso de abajo del vagón. La bomba estalló en el piso superior. Por eso, el testimonio no era determinante. Pero llegó el juicio, y el testigo dijo que lo había visto arriba. Después de que el letrado insistiera en su contradicción, el testigo acabó reconociendo que no se acordaba y que la memoría la tendría más fresca el día de su declaración policial que ahora, tres años después. «La primera versión es la que debe prevalecer», ha defendido.

Por otro lado, el testigo dijo el día 12 de marzo que el supuesto Zougam llevaba una férula en la nariz y un gorro, y que apoyo su cabeza sobre las manos, hacia delante, por lo que no le vio la cara. En el juicio, afirmó que le había visto «unos instantes». El testigo iba durmiendo y se despertó cuando llegó el supuesto terrorista a sentarse frente a él; lo vio meter bajo el asiento una bolsa oscura y pesada. ¿Cómo puede saber que era pesada si estaba ya en el suelo?, se ha preguntado el letrado. ¿Cómo es posible que, yendo medio dormido, recuerde perfectamente la bolsa?, ha planteado. La respuesta, para el abogado, es que la memoria juega malas pasadas y que, cuando creemos o queremos creer algo, lo afianza la memoria en el recuerdo de su percepción.

La defensa de Zougam concluye que el hombre que dijo ver a Zougam estaba sugestionado al hacer su declaración: llevaba oyendo y leyendo noticias del atentado desde que se produjo y «tenía una fijación» con que había visto a «un moro o un gitano» en el tren. Abascal también ha planteado lo siguiente: ¿Por qué en un vagón casi vacío, como dijo el testigo, iba un terrorista a sentarse frente a alguien con el propósito de dejar una bolsa abandonada sin temor a que el otro pasajero le llame la atención sobre el objeto olvidado?

Después están las dos mujeres que dijeron haberlo visto en el tren que estalló en Santa Eugenia. El abogado considera que lo que afirman estas testigos (la C-65 y la J-70) «es todo mentira». La C-65 declaró ante la policía y ante el tribunal que se fijó en un joven que pasó deprisa, con una mochila al hombro, y empujando a un joven que había sentado frente a ella. «Qué maleducado», penso la mujer. Sin embargo, según el letrado, no pudo verle el rostro, ya que caminaba de espaldas a ella. En lo que respecta a la testigo J-70, Abascal considera que no tiene credibilidad porque declaró ante el juez instructor en febrero de 2005, un año después, y contó cosas sobre el episodio vivido por su compañera que ni ella misma había declarado. Para esta defensa, es determinante que sus testimonios se produjeran después de que el rostro de Zougam saliera publicado por los medios de comunicación de todo el mundo. Ambas negaron haber visto a Zougam en la televisión o en la prensa, pero el abogado considera que eso es imposible pues su cliente fue, durante mucho tiempo, «el culpable oficial» del 11-M.

A la cuarta testigo, apenas la ha tenido en cuenta, puesto que a quien identificó en un primer momento fue a Abdelmajid Bouchar, bajando en la estación de Entrevías del tren que estalló en la calle Téllez. Pidió una «sentencia absolutoria, por el bien de España», que motivó un incidente en la sala que salpicó a víctimas, abogados de acusación y periodistas, y obligó al juez Gómez Bermúdez, a hacer, el último día, el primer apercibimiento de desalojo de la sala.

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JUICIO 11 – M SUMARIO 20/04 QUINCUAGÉSIMO SEXTA SESIÓN. (informe defensa de Rabei Osman por el letrado Endika Zulueta.

El primero en comparecer en la larga jornada de este lunes fue Endika Zulueta cuyo alegato final ha sido demoledor para las tesis que, contra viento y marea, mantiene la fiscal Olga Sánchez. Indicó que se ha querido convertir a lo largo del proceso «a la persona de Rabei Osman en el personaje de El Egipcio» y para ello «se han falseado los hechos». «Se ha conseguido construir un perfil terrorista” con “datos falsos”. Se dijo que había estado en una cárcel egipcia dedicada a presos altamente peligrosos, que era experto en explosivos, que era miembro de la yihad islámica, ha enumerado Zulueta. Pero estos “datos son falsos” ha afirmado el abogado. Y su falsedad la demostró el abogado acudiendo personalmente a la embajada de Egipto en Madrid donde se los desmintieron.

Endika Zulueta ha ido desmintiendo uno por uno los hechos que se le imputan en distintos países. “En Alemania lo más grave que encuentran contra Rabei es que se erigió como portavoz de los musulmanes porque adecuó un local para las oraciones”. En Francia no ha surgido ningún elemento de prueba contra él. Y en España, “dicen que estaba vinculado con El Tunecino”. Para afirmar esto dicen que hay unas conversaciones grabadas que no se han escuchado y de las que tampoco se han aportado las trascripciones, ha recordado Zulueta. Aún así en esas conversaciones los interlocutores “tienen conversaciones puntuales” de las que no se puede desprender que mantengan actividades delictivas. “A pesar de esto, tienen la desfachatez de decir en 2007 que lideraba un grupo terrorista”. Por otra parte, está también la declaración de Cartagena, quien afirmó que Rabei no acudía a las reuniones. A pesar de esto, se mantiene que El Egipcio entregaba a Larbi libros para que las llevara a estos encuentros. Pero no esto no se ha acreditado en la vista oral, ha añadido el abogado. Ha recordado también Zulueta la famosa desaparición de dos notas policiales que recogían algunas declaraciones del confidente Cartagena. Ha revelado que el juzgado central número 6 ha enviado solamente la nota 6 “a la que le falta un trozo”, pero no la 10. Aunque “las notas están en Internet”.
De Francia partió a Italia, no porque fuera a formar una célula terrorista, como dice la Fiscalía sino porque el hermano de su novia vivía allí y le iba a conseguir un trabajo para que pudiera casarse con ella, ha explicado Zulueta. En Italia es donde se graban las controvertidas conversaciones que fueron desmontadas por los peritos españoles (dos a propuesta del abogado y dos de la Policía). Durante su exposición, Endika ha terminado por desautorizar la principal prueba que Olga Sánchez tiene contra El Egipcio.El letrado puso de manifiesto que fue la policía española la que advirtió a la italiana de la presencia de Rabei Osman El Sayed, una vez este se trasladó a la localidad de Milán donde fue detenido después de las escuchas practicadas en su casa, a lo largo de las cuales supuestamente confesaba ser uno de los ideólogos de los atentados. Indicó también que todo lo que se ha obtenido introduciendo esos micrófonos «de manera ilegal» según la legislación española, «no tiene validez» y por ello ni siquiera debería tratarse durante el juicio.

El abogado dijo, además, que Osman El Sayed «ha negado que mantuviera esas conversaciones y que esa voz fuera la suya», en todas las ocasiones en que ha declarado tanto ante las autoridades italianas como ante las españolas. Indicó que a pesar de este hecho «no se le ha hecho una prueba pericial de voz» ya que «nadie la ha querido hacer».

Zulueta se refirió también a las traducciones, cuyo contraste de versiones ante el tribunal mostró la existencia de divergencias entre la efectuada por los expertos italianos y la realizada por traductores de parte a petición de la defensa. «Cuál es la sorpresa al saber que no se dice lo que dicen los italianos», destacó el letrado. Acusó a los responsables italianos de «frivolidad» y añadió que «no es de recibo que unos policías italianos actúen de esta manera».

En cuanto al hecho de que «Mohamed El Egipcio» asumiera, según los peritos italianos, durante las conversaciones grabadas que fue su gente la que cometió la masacre o que él era el «hilo conductor» de los atentados, el abogado se refirió a la existencia de sentencias del Tribunal Supremo que indican que este tipo de dato es «un conocimiento ante-procesal» y que admite la validez de los testigos que presenciaran estas comunicaciones.

No obstante destacó que para que el contenido de las conversaciones sea admitido es necesario que la valoración se efectúe con las debidas cautelas y sea contrastada con otros hechos probatorios.

Puso como ejemplo el hecho de que alguien diga por teléfono: «Que sepas que yo maté a Kennedy», frase que comparó con las pronunciadas por su defendido. Destacó que la persona que mantuvo la conversación incriminatoria con su patrocinado, su discípulo Yahia, dijo que no intervino en la conversación y que «El Egipcio» no le habló de Madrid. «La corroboración de que la conversación ha existido está en duda, y si hubiera existido, ¿en base a qué se corrobora?», agregó.

El letrado indicó que «no se han aportado pruebas suficientes para desvirtuar» la presunción de inocencia de Osman El Sayed. Indicó que tanto él como sus compañeros de las defensas, pertenecientes en su mayoría al turno de oficio «se han dejado la piel en este asunto» y lo han hecho «porque nos lo creemos». «Estamos defendiendo los derechos fundamentales recogidos en la constitución y los defendemos en estado puro y nuestra labor beneficia a nuestro clientes y a toda la sociedad», recalcó. «Pedimos una sentencia justa, y entiendo que en el caso de Rabei Osman no puede ser si no absolutoria», reiteró. Zulueta comenzó su informe exponiendo lo que denominó como una «cuestión personal» y explicó cuáles fueron los motivos que le llevaron a asumir la defensa de Osman El Sayed. Dijo que en el momento en que asumió esta labor «El Egipcio» estaba «socialmente condenado».

Agregó que todo parecía indicar que las declaraciones efectuadas por él mismo le conferían una apariencia de culpa que parecía estar en contra al derecho a una legítima defensa y a la presunción de violencia. «Este escenario es el que me hace asumir esta defensa», dijo.

El letrado hizo incluso referencia a la obra de teatro llamada «Doce hombres sin piedad» buscando comparaciones entre su argumento y la actual situación de los procesados.

Zulueta destacó que durante la exposición de los informes de distintos peritos solo se han abordado «características personales» de Osman El Sayed sin que ninguno de los expertos haya aportado datos objetivos. Se ha dicho, destacó el abogado, que se trata de una persona «extremadamente religiosa, muy radical, extremadamente peligrosa».

«Esta imagen de personas de la que tenemos que defendernos y prevenirnos saben ustedes que no es cierta», dijo el letrada. Añadió que da la sensación de que a lo largo de la causa se ha sido la premisa de que es necesario condenar a «El Egipcio» ya que a pesar de «no tener mucha vinculación con los hechos, es muy peligroso».

El abogado agregó que Osman El Sayed únicamente conoce a tres de las personas relacionadas con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Destacó que no tenía ningún contacto con ninguno de los muertos de Leganés ni con los que huyeron de la vivienda de la calle Carmen Martín Gaite. En cuanto a los procesados, sólo ha tenido contacto con Serhane Ben Abdelmajid Faket alias «Serhane El Tunecino» y con los acusados Basel Ghalyoun y Fouat El Morabit. Tampoco existen huellas en ninguno de los escenarios relacionados con la masacre. «Hay que diferenciar entre hechos probados y opiniones subjetivas», ha alegado el letrado. En la acusación contra Rabei Osman el Sayed, dice, no hay hechos probados que lo vinculen con los atentados, sino inferencias falsas y conclusiones no acreditadas. «No hay suficientes pruebas para desvirtuar su presunción de inocencia», ha zanjado. Convencido de ello y de que no se puede condenar a un hombre a 40.000 años de cárcel si se tiene una «duda razonable», ha pedido una «sentencia justa, es decir, una sentencia ajustada a Derecho y, en este caso, sólo puede ser absolutoria».
El cierre de este juicio ha correspondido al informe presentado en defensa de Jamal Zougam, por el letrado Jose Luis Abascal. Se trata del mismo en otro post.

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JUICIO 11 – M SUMARIO 20/04 QUINCUAGÉSIMO QUINTA SESIÓN.

Una nueva sesión destinada a la presentación de informes a cargo de las defensas de los acusados en el juicio del 11 de Marzo.
La primera defensa ha sido la de Iván Reis Palicio, uno de los jóvenes a los que la Fiscalía acusa de haber transportado explosivos a Madrid por encargo de Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro.

La letrada de Iván Reis, María del Mar Ramos, ha insistido en que las pruebas periciales practicadas en el juicio no han conseguido acreditar que la bolsa que él transportó en autobús el 9 de enero de 2004, y que entregó a Jamal Ahmidan ‘El Chino’, contuviera explosivos. El acusado asegura que Trashorras le dijo que se trataba de hachís en mal estado que tenía que devolver al vendedor. Y así lo mantuvo Trashorras en su declaración ante el tribunal.

Asimismo ha destacado que ninguno de los testigos que han declarado sobre la trama asturiana conocía el contenido de aquella bolsa. Iván Reis «estaba convencido» de que transportaba hachís, así que no se le puede atribuir una actuación dolosa.

En cualquier caso, como otros letrados relacionados con los procesados asturianos, la abogada de Iván Reis ha destacado que no ha conseguido averiguarse la marca y el origen del explosivo que estalló en los trenes, por lo que no se puede vincular a su cliente con las víctimas de los atentados.

Una de las razones esgrimidas por la defensa de Iván Reis Palicio como eximente es el «miedo insuperable», ya que, según el acusado, Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras lo amenazaron para que hiciera aquel viaje con el supuesto hachís. La situación del joven, entonces, era penosa: se había quedado en paro y se entregó al mundo de la noche y las drogas, por lo que comenzó a acumular deudas. Antonio le dijo que Emilio le saldaría la deuda si le hacía un favor. Iván Reis tiene un nivel intelectual «escaso», ha dicho su abogada, apenas sabe escribir, su padre lo abandonó de pequeño y su madre le dejó solo cuando Iván empezó a ‘torcerse’. La letrada ha asegurado que no pretendía dar pena con todo esto, sino argumentar la situación de vulnerabilidad que justificaría el «miedo superable» alegado.

Respecto a la acusación de asociación ilícita que le imputa la Fiscalía, María del Mar Ramos ha señalado que su cliente no tiene ninguna relación asociativa con el resto de procesados. A Antonio Toro lo conoció en 2002 y mantenía contacto con él porque le suministraba hachís. A Emilio Suárez Trashorras le conoció en septiembre de 2003 por lo mismo. Salvo el 9 de enero, día del viaje a Madrid, no tiene llamadas telefónicas con ninguno de los procesados.

Para la defensa, no hay mejor indicio de que este delito no es imputable que el hecho de que el propio juez instructor, Juan del Olmo, no le haya procesado por él. La mitad de las acusaciones particulares se lo han retirado tras la vista oral del juicio. En su alegato final, Ramos señaló que Iván Reís, para quién el fiscal pide cuatro años de cárcel por tráfico de explosivos y asociación ilícita, sólo tuvo una actuación puntual ese día 9 de enero, y no participó en ninguna de las actividades ilícitas de los acusados Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. La letrada pidió la libre absolución de su cliente y, en todo caso, la aplicación de la eximente completa de miedo insuperable, ya que aseguró que Iván Reís fue amenazado por Antonio Toro (al que conoció porque trabajaban en la misma empresa y con quién tenía una deuda de hachís), para que realizara ese viaje que en un principio se negó a efectuar.

Tras este informe comenzó el del letrado defensor de Nasredine Bousbaa. Ricardo López es uno de los abogados más desconocidos del juicio del 11-M. Al fin y al cabo, defiende a uno de los acusados más desconocidos y menos mencionados de todo el proceso, Nasredine Bousbaa. Su nombre sonó en la sala sólo cuando fue interrogado. Y hasta hoy. La Fiscalía lo acusa de falsificación de documentos para Jamal Ahmidan ‘El Chino’, uno de los suicidas de Leganés y presunto autor de los atentados.

«Ha sido el convidado de piedra de este procedimiento. El perfecto desconocido». Así ha comenzado su informe de descargo el abogado del acusado.

Bousbaa admitió que a comienzos de 2004 se encontró con Jamal Ahmidan ‘El Chino’ cerca de la mezquita de la M-30 de Madrid. Éste le entregó tres pasaportes para que viera si se podían falsificar, ya que Bousbaa se ganó la vida falsificando documentación cuando llegó a España, en 1999. Después, asegura que empezó a trabajar y que no lo hizo nunca más. Tanto es así, que en los dos registros policiales efectuados en su casa, no encontraron ningún instrumental relacionado con esa actividad fraudulenta, ha alegado el abogado. Para el letrado, otro elemento de descargo es que su cliente hubiera sido operado de cataratas, lo que hace poco probable que se dedicara a la falsificación por aquel entonces.

En otra ocasión en la que se encontró con ‘El Chino’, Bousbaa le dijo que eran muy viejos y que no se podía hacer nada con ellos. Pese a ello, asegura que ‘El Chino’ le dijo que ya le llamaría para que se los devolviera. Tres días después del atentado, volvieron a verse en el barrio de Lavapiés y Jamal Ahmidan intentó vendérselos a 100 euros cada pasaporte, oferta que el acusado rechazó.

Bousbaa también tiene varias llamadas registradas con Jamal Ahmidan y con otros dos suicidas de Leganés, Rifat Anouar y Mohamed Oulad Akcha. Según el abogado, esto es un pilar «frágil» para fundamentar una acusación contra él. Para él, es normal que tuviera cruce de llamadas con ‘El Chino’ y está convencido de que los contactos con los otros dos eran llamadas realizadas por ‘El Chino’, ya que convivía con ellos en la finca de Morata de Tajuña y se caracterizaba por usar los teléfonos de los demás.

El abogado de Hassan El Haski, Jose Luis Borraz ha presentado su informe en defensa de la petición fiscal de 38.962 años de carcel para su cliente. Ha empezado negando que su patrocinado conociera a ninguno de los más de 100 procesados a lo largo de este proceso lo que, a su juicio, lleva a descartar el delito de pertenencia a organización terrorista del que le acusa la fiscal.

Se refirió a las manifestaciones de los presos islamistas en Francia Attila Turk, Bachir Ghoumid y Youssef M’Saad –encarcelados por su relación con el GICM– que implican a su patrocinado con el 11-M y sobre las que, destacó, se ha basado su acusación, y en concreto, recordó que el primero de ellos no reconoció en la vista las declaraciones que prestó ante la Policía.

Ante las fuerzas de seguridad, Turk dijo que El Haski «estaba muy nervioso y preocupado» antes de los atentados de Madrid, aunque el letrado destacó que prestó once declaraciones y que en ellas no implicó a su defendido en la ideación y preparación del 11-M y apuntó que esa idea surge a raíz de las traducciones que se hacen.

Además subrayó que Turk, quien reconoció que alojó a El Haski en marzo de 2004 sin precisar si antes o después del 11-M , declaró «en condiciones próximas a la tortura» y, por lo tanto, esas declaraciones están «viciadas en origen» y no se pueden admitir como prueba de cargo contra su cliente, y recalcó que lo válido es lo manifestado el pasado 22 de mayo ante el tribunal que juzga el 11-M. Explicó que ese nerviosismo y preocupación a los que se refería Turk eran consecuencia de que su patrocinado no tenía donde alojarse en Francia.

Sobre Ghoumid, que se negó a declarar en el juicio, el letrado indicó que era amigo de la infancia y que a través de él conoció a Turk, lo que, en su opinión, no implica que El Haski pertenezca a ninguna organización terrorista. El abogado indicó que el interrogatorio de los procesados no es prueba de cargo alguna contra El Haski y dijo que considerar que el silencio que mantuvo su patrocinado en el juicio –sólo accedió a contestar a las preguntas de Borraz– tiene efectos incriminatorios sería contrario a la presunción de inocencia.

Hasta aquí la sesión matinal. La sesión de tarde la ocupó en su totalidad la defensa del acusado Youssef Belhadj.

Como han hecho todas las defensas que le han precedido, Francisco Andujar ha señalado como una de las causas de nulidad que solicita el secreto sumarial. «El Tribunal Constitucional habla de levantamiento (del secreto de sumario) con la antelación suficiente para poder pedir nuevas diligencias de prueba o repetir las anteriores», ha recordado el abogado de Belhadj. Y ha añadido que «el secreto se levanta a finales de abril de 2006 y el plazo para conclusiones provisionales se extendió hasta junio de 2006». Si ya de por sí el letrado expuso el poco tiempo concedido, explicó que en su caso tuvo un problema añadido: el de los traductores. El letrado explicó con todo detalle las dificultades que le supuso la comunicación con su cliente que no habla castellano. Recordó que lo trajeron de Bélgica y únicamente conoce el francés y el árabe por lo cual durante un periodo de un año y ocho meses no pudo comunicarse con él. Indicó que se vio obligado a dirigirse a todas las instituciones judiciales españolas para solicitar un traductor, que finalmente y tras incontables trámites, le facilitó el Ministerio de Justicia.

Este problema de idioma influyó también que la comprensión por parte de su cliente de las acusaciones vertidas en su contra. «Youssef Belhadj se pasó un año y ocho meses sabiendo que estaba imputado en el caso del 11-M pero sin saber por qué».

El abogado de Youssef Belhadj, uno de los presuntos ideólogos del 11-M, ha argumentado en defensa de su cliente que el papel que se le atribuye, aparte de carecer de pruebas, es innecesario en la trama de los atentados. «¿De verdad Jamal Ahmidan ‘El Chino’ y Serhane ‘El Tunecino’ necesitaban alguien para hacer germinar la idea?», se ha preguntado el letrado, Francisco Andújar.

Para incidir en esta idea, redundante en su informe, el abogado ha asegurado que si se hubiera conseguido sentar en el banquillo a los siete suicidas de Leganés, a los cuatro huidos y a los ‘dueños’ de la treintena de perfiles genéticos encontrados en los escenarios vinculados a los terroristas, ni Belhadj ni los otros dos acusados de ser ideólogos de los atentados (Hassan el Haski y Rabei Osman el Sayed) estarían procesados por el 11-M porque «la fiscalía no habría buscado más».

«Internacionalizar este proceso, ¿para qué?», se ha preguntado el letrado. «Porque, si no, habríamos tenido sólo gente de Asturias», se ha contestado.

La Fiscalía considera que Youssef Belhadj es Abu Dujanah al Afgani, el nombre bajo el cual se reivindicaron los atentados en el vídeo que se encontró en una papelera junto a la mezquita de la M-30. En aquel vídeo se identificaba a Abu Dujanah como «portavoz militar de Al Qaeda en Europa». Varios testigos han afirmado que quien leía el comunicado reivindicativo en ese vídeo era Jamal Ahmidan ‘El Chino’. Los expertos en terrorismo islámico de la Policía que declararon en el juicio como peritos no acreditaron que ese personaje fuera Belhadj. Al contrario, uno de ellos manifiestó que su «única hipótesis» era que Abu Dujanah era Jamal Ahmidan ‘El Chino’. Entonces, no hay ninguna razón para que la fiscalía mantenga esa acusación después de la vista oral. «No lo digo yo; lo dice un experto», ha incidido el abogado. «Hay que acreditar las cosas más allá de una duda razonable», ha apostillado.

Youssef Belhadj fue detenido por la policía belga el 19 de marzo de 2004 como presunto miembro del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) junto a otros que vivían en el mismo piso de Bruselas.

Según el escrito de la Fiscalía, fue el encargado de transmitir al grupo de Madrid, ciudad que había visitado en varias ocasiones, la fecha elegida para la ejecución de los atentados. Al día siguiente de que se divulgara un mensaje de Bin Laden amenazando a España, el 18 de octubre de 2003, Belhadj compró una tarjeta de teléfono móvil registrando un titular de nombre Caterina Paket con fecha de nacimiento 11 de marzo de 1921.

Andújar ha ironizado con que ésa era toda la prueba de la fiscal contra su cliente. «No hay una sola prueba de que lo que dice la fiscal sea verdad», ha aseverado. Además, ha dicho «yo no tengo acreditado que la tal Caterina Paket no exista y que no tenga esa fecha de nacimiento». Cierto es que nadie ha demostrado la falsedad de esos datos.

Por otro lado, para justificar que Belhadj, El Haski y ‘El Egipcio’ fueron ideólogos del 11-M, el letrado ha exigido que «como mínimo, alguien tendría que haber demostrado que estuvieron juntos en algun sitio, aunque fuera dos de ellos». Pero es cierto que no se ha demostrado.

La Fiscalía tiene en cuenta que en la casa en la que fue detenido Belhadj había una revista incautada en la que se explicaba cómo utilizar teléfonos móviles para detonar explosivos. Pero el abogado ha alegado que aquella casa no era la de Belhadj, que él llevaba muy poco tiempo alojado allí y que, de hecho, no había ningún efecto personal del acusado. Al final, tampoco se ha acreditado la presencia de esa revista porque no aparece en la comisión rogatoria belga. «Lo que está acreditado es que mi cliente no tuvo en ningún momento esa revista», ha afirmado.

El defensor de Belhadj considera que se le han atribuido muchas acusaciones que corresponderían a otros como Mustafá Lounani y Abdelkader Hakimi, que vivían en aquel piso en el que fueron detenidos.

Por último, antes de pedir la libre absolución de su cliente, Francisco Andújar ha vuelto a reprochar a la fiscal, Olga Sánchez, que no ha presentado pruebas que sostengan su relato mientras que él ha presumido que «nadie ha conseguido desacreditar con pruebas» su «relato alternativo».

Ya queda menos. Parece que lunes o martes quedará el juicio visto para sentencia. Las fuentes de información habituales para la composición de este post, periódico el mundo y libertad digital, sin aditivos, datadiar tv. El diarío el país pasa bastante del 11 m.

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JUICIO 11 – M SUMARIO 20/04 QUINCUAGÉSIMO CUARTA JORNADA

La abogada defensora de Otman el Gnaoui, acusado de ser cooperador necesario en el atentado del 11-M, ha asegurado que no hay ninguna prueba de que su cliente participara en los atentados o de que estuviera integrado en organización terrorista.»Estuvo en el lugar inadecuado con las personas inadecuadas», ha afirmado la letrada, Beatriz Bernal.

Es más, para la abogada, la detención de su cliente y su implicación en esta causa ha sido interesada y «convenientemente utilizada para desviar la atención de los verdaderos autores». «Se han servido de los acusados para despistar», ha agregado. .

«El lugar inadecuado» se refiere a la finca de Morata de Tajuña, donde trabajó Otman entre el 6 de febrero al 2 o 3 de marzo de 2004 y donde, según la Fiscalía, los terroristas almacenaron los explosivos y montaron las bombas que estallaron en los trenes.

«Las personas inadecuadas» son Jamal Ahmidan ‘El Chino’ y otros amigos suyos que convivían en la finca de Morata y que acabaron suicidándose en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004. La fiscalía los considera autores materiales de los atentados. Según sostiene El Gnaoui y confirmó su compañera sentimental, estaba en paro cuando el hermano de Jamal Ahmidan ‘El Chino’ le dijo que éste necesitaba gente para rehabilitar la casa de Morata.

La fiscal le atribuye a Otman una relación «muy intensa» con ‘El Chino’. Y la letrada responde que se conocieron en febrero y que un mes no es tiempo suficiente para convertirse en fundamentalista cuando apenas se es religioso ni para integrarse en una organización terrorista. El 2 o 3 de marzo, ‘El Chino’ le dijo que no volviera a la finca de Morata y se distanció de allí en las fechas previas al atentado. Eso significa, según la abogada, que no era de su confianza. «Si lo llamamos integrante, tendría que estar integrado», ha recalcado Bernal.

Además, Otman sostiene que él y Hamid Ahmidan eran marginados por el resto del grupo porque no rezaban, y ni comían con el grupo ni participaban de otras actividades conjuntas, como jugar al fútbol. Otman iba allí a trabajar y dormía en su casa, no como el resto. Eso no es estar integrado ni ser de confianza, ha reiterado la abogada. Si «se le excluyó», lo lógico es pensar que desconocía el plan terrorista. Y si Otman tenía 29 llamadas de ‘El Chino’ es porque le estaba arreglando la casa.

El problema es que, pese a esa supuesta falta de confianza alegada por la defensa, ‘El Chino’ llamó por teléfono a Otman el 29 de febrero de 2004 y le pidió un favor: que fuera a buscarle a Burgos con los chicos (dos de los que se suicidaron posteriormente), con dos coches y «el clavo largo». Según la investigación, ‘El Chino’ volvía de Asturias cargado de explosivos de Mina Conchita. Otman sostiene, primero, que le pidió que fuera a la salida de Madrid por la carretera de Burgos y que nunca llegó a esa provincia; segundo, que no sabía qué era el «clavo largo». Según un testigo, era un arma, y la fiscal lo interpreta como el fusil Sterling de ‘El Chino’.

De aquella conversación ha quedado constancia documentada porque Otman tenía el teléfono intervenido por la Policía. En este punto, Beatriz Bernal ha reivindicado la nulidad de esas conversaciones intervenidas porque la orden judicial de la intervención es arbitraria, sin ninguna investigación previa detrás ni ningún indicio de criminalidad. Según la abogada, sin ninguna justificación, eso viola el derecho a la intimidad amparado por la Constitución. Por otro lado, ha destacado que su cliente sabía entonces que tenía el teléfono ‘pinchado’, pero no lo cambió porque sabía que no estaba haciendo nada malo.

En cualquier caso, Bernal ha asegurado que Otman no sabía que Jamal Ahmidan traía explosivos, pero, además, la abogada ha puesto en duda que en ese viaje hubiera dinamita de por medio porque, según ella, no se ha podido demostrar. Para la letrada no es suficiente con el testimonio de Gabriel Montoya ‘El Gitanillo’ relatando el robo de la dinamita en la madrugada del 29 de febrero.

En descargo de su cliente, la abogada ha destacado que él mismo acudió a la comisaría a decir que él había estado en la finca de Morata de Tajuña y a contar todo lo que había visto allí.

Por otro lado, se ha referido al hallazgo de un pasaporte a su nombre con la foto de ‘El Chino’ en el piso de Leganés. La fiscalía le acusa de haberle facilitado su documentación a Jamal Ahmidan. Pero él asegura que creyó haberla perdido, aunque después de comprobar que ‘El Chino’ era terrorista, pensó que se lo había robado. Dos testigos, su ex compañera sentimental y Abdelilah el Fadual, procesado, testificaron haber visto a Otman preocupado por la pérdida de su documentación a finales de febrero de 2004. Lo denunció a la Policía el 10 de marzo de 2004 y la Fiscalía considera sospechoso que no lo hubiera hecho antes.

Finalmente, Beatriz Bernal ha señalado que Otman el Gnaoui ni es integrista ni odia a España, «país elegido para vivir libremente», ni es violento. «Permitir una injusticia abre la puerta a otras injusticias», ha aseverado antes de pedir la libre absolución de su cliente.

José Luis Laso, abogado de Abdelilah el Fadual el Akil, ha acuñado la frase: «Ser amigo de un terrorista no le convierte a uno en terrorista».

Su cliente era una de las personas de confianza de Jamal Ahmidan ‘El Chino’, según la fiscalía, y formaba parte de su organización delictiva, que traficaba con drogas y con coches y que acabó absorbida por los planes terroristas de Serhane ‘El Tunecino’.

Durante la estancia en prisión de ‘El Chino’, hasta agosto de 2003, Abdelilah aprovechó los contactos de la red delincuencial de Jamal Ahmidan para fundar él su propia red; cuando salió de prisión, ambos retomaron el contacto. La fiscalía afirma que ayudó a ‘El Chino’ a conducir desde Ceuta el coche que después utilizó para llevar los explosivos de Asturias a Madrid.

Y le acusa de falsificar documentación para él. De esto último, alega el abogado, sólo hay un testigo que declaró que pudo haberlo hecho alguna vez y antes de la entrada de Ahmidan en prisión. Sobre los múltiples contactos telefónicos entre ambos, Laso ha alegado que era normal porque eran amigos.

La letrada de Mohamed Bouharrat -al que «nadie conoce», según ha destacado- ha comprado en el locutorio del presunto autor material, Jamal Zougam y en la carnicería del presunto terrorista Rachid Aglif; ha frecuentado el restaurante Alhambra, donde, según la Fiscalía, se reunían los ‘yihadistas’; y el también presunto terrorista Mouhannad Almallah Dabas le ha reparado el aparato de aire acondicionado a sus padres.

«Casi había más indicios en contra de esta letrada que de su cliente porque conozco a más coimputados y he estado en los lugares que se han mencionado en este procedimiento», ha argumentado, añadiendo después: «Yo podría salvarme, pero mi marido, que es musulmán y también se cortaba el pelo en la peluquería Paparazzi, la verdad es que no tendría salvación». (Esa peluquería era otro supuesto centro de reunión de integristas.)

Todo esto, según ha dicho, la letrada, la hace digna de ser investigada. Su cliente tiene menos relación con los hechos, ha insinuado pues «nadie lo conoce ni le han visto con terceros», «muy poco se le ha mencionado» a lo largo de todo el juicio y en los esquemas de la fiscalía y las acusaciones particulares «no encaja en ningún grupo», está «en tierra de nadie».

La sesión vespertina del juicio del 11-M la ha inaugurado el abogado de Saed El Harrak, a quien la Fiscalía acusa de colaboración con banda armada. Bernardo Monfort ha puesto de manifiesto las dudas y contradicciones que existen sobre el testamento atribuido a uno de los muertos de Leganés, Abdennabi Kounjaa, y presuntamente encontrado en una bolsa de El Harrak.

El Harrak era compañero de trabajo de Abdennabi Kounjaa, uno de los siete muertos de Leganés, en una empresa de construcción. El propietario de la misma entregó a la Policía tras su detención una bolsa de deporte, perteneciente al acusado, en la que se encontró un documento en árabe que ha sido atribuido al supuesto suicida. Se encuentra en libertad tras haber cumplido dos años de prisión preventiva.

El letrado ha destacado que ni el que fue jefe de su representado, Félix Román, ni los policías que acudieron al polígono industrial de La Laguna ni tampoco la Policía Científica encontraron el supuesto texto. Es más, ha resaltado –como ya adelantó Libertad Digital– que dicho testamento estaba firmado con caracteres latinos.

«La bolsa fue abierta por el responsable de la obra, don Félix Román, que no vio nada. Los agentes que la abrieron, la manipularon y hurgaron en ella tampoco vieron nada. Luego se remitió a la policía de Leganés donde no se vio nada, hasta llegar a la Unidad Central donde se dijo que se había encontrado un testamento de cuatro folios», ha recordado el letrado. También ha resaltado la contracción que, a pesar de que consta en un informe que el testamento tenía 4 folios, los agentes, «que han sido interrogados en juicio, han dicho que tenía 3 folios en dos ocasiones.

Y ha añadido que «la carta está escrita en tres tintas y aparece firmada en caracteres latinos. La firma es dubitada. No tiene sentido que un árabe que escribe su testamento firme en grafía latina».

Pero no sólo eso. Monfort ha resaltado que a los agentes que se presentaron en el polígono industrial, donde supuestamente apareció la bolsa, se «les escapó» en su declaración ante el tribunal que fue la propia Policía la que se puso en contacto con el empresario Félix Román, y no al revés. «Mejor ni pensar lo que ha podido ocurrir aquí».

Además, ha destacado que, aunque a su representado se le imputa un delito de pertenencia a banda armada, los únicos indicios que hay contra él son unos contactos telefónicos que sólo duran un mes, y ha añadido que «no aparece en ninguno de los escenarios» relacionados con la masacre. Ha relatado que es un hombre religioso y que nunca lo ha ocultado. Asimismo, ha señalado que «no ha salido nunca del territorio español y ha estado con móvil de contrato» hasta el momento de su detención.

Ha denunciado, como el resto de los letrados, la «enorme inseguridad jurídica que crea indefensión» a los acusados y que «hace tambalear a la Constitución porque se está corrompiendo el artículo 24». Según Monfort, a El Harrak se le detuvo ilegalmente: «Llámese al sospechoso a declarar y luego deténgasele», pero no al revés.

Aludiendo a la Fiscalía ha pedido que se depuren responsabilidades «porque una cosa –ha dicho– es que el Ministerio Público prepare a los testigos, y otra a los peritos». Por ello, «si la sentencia es condenatoria estaríamos hablando de una estafa procesal», ha concluido el abogado.

La abogada de Carmen Toro, acusada de suministro de explosivos en el juicio del 11-M, ha defendido a su cliente presentándola como una persona «cándida», «insegura» e «inconsciente de la vida que llevaba su marido».

De esta manera, la desvinculaba de la venta de explosivos que, según la fiscalía, llevó a cabo su ex marido, Emilio Suárez Trashorras, al terrorista Jamal Ahmidan ‘El Chino’.

En aquella época, alega la letrada, Mónica Peña, Carmen «ni se imagina la vida que lleva Emilio». En este sentido, ha recordado que su cliente ha conocido en la vista oral del juicio que su ex marido frecuentaba prostíbulos e iba a determinados lugares de ocio. Ausente de voluntad, acompañaba a su esposo donde él la llevaba.

Las acusaciones contra Carmen Toro oscilan entre la complicidad o cooperación con su marido en el suministro de explosivos al liderazgo de la trama. Por los primeros delitos, la Fiscalía pide para ella seis años de prisión; por los otros, como cooperadora necesaria de la masacre, otras acusaciones piden casi 39.000 años.

El principal nexo de Carmen Toro con los atentados del 11-M es que estuvo presente en la reunión que su ex esposo tuvo con Jamal Ahmidan ‘El Chino’ en el McDonald de Carabanchel en octubre de 2004 y en el encuentro que ambos mantuvieron en la finca de Morata de Tajuña unos días antes de los atentados. Además, le vinculan las llamadas que la Fiscalía atribuye a su teléfono móvil con el propio Jamal Ahmidan.

Sobre esto último, la abogada defensora ha alegado que, según ha reiterado la acusada, ese teléfono, aunque estaba a su nombre, era el teléfono familiar: lo usaban tanto Carmen como Emilio y ella lo dejaba en casa cuando iba a trabajar porque en su empleo no podía usarlo. Por otro lado, si ‘El Chino’ era un islamista radical que menospreciaba a las mujeres, y así se ha puesto de manifiesto en la causa, no iba a mantener negocios con una mujer.

La única ocasión en la que Carmen habló con ‘El Chino’ -ha asegurado la letrada- fue en la finca de Morata de Tajuña, a la que acudió, una vez más, llevada por su marido. Entonces, Jamal Ahmidan le puso de manifiesto la legitimidad de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, a lo que ella respondió contrariada y enfrentándose al argumento de su interlocutor. Pese a aquel comentario, dice la letrada que «es imposible» que ella «pensase que era un terrorista», como sostiene la fiscalía y algunas acusaciones.

Respecto a la reunión del McDonald de octubre de 2003, Carmen se sentó en una mesa aparte mientras Emilio Suárez Trashorras departía con ‘El Chino’ y Rafa Zouhier. Emilio admitió que Jamal Ahmidan le preguntó si sabía cómo conseguir explosivos, aunque asegura que sólo se negoció hachís.

Que ella quedó al margen lo confirmaron Emilio, Rafa, Rachid Aglif, que dice que sentó en otra mesa, y el testigo Pablo Álvarez Moya, que acudió en aquel viaje a Madrid con la pareja y se sentó con Carmen en la misma mesa. Esto demuestra, según la abogada, «la docilidad con la que Carmen deja de intervenir en aspectos de la vida de su marido. Se limita a adaptarse a los planes de Emilio».

Mónica Peña ha recordado la famosa frase que su cliente dijo en la comisaría de Avilés: «Cariño, di lo que tengas que decir, pero a mí déjame al margen». «Cada uno la utiliza a su conveniencia», ha señalado. Eso, según la letrada, no denota ninguna responsabilidad en el presunto negocio de los explosivos, sino que significa: «Yo no tengo nada que ver con tus negocios». Su «candidez» es tal que lo dijo delante de los policías que había en la comisaría.

Además, la abogada ha alegado que ninguno de los otros procesados por el tráfico de explosivos conocía a Carmen, ni siquiera Gabriel Montoya ‘El Gitanillo’, condenado por haber reconocido que participó en el robo y traslado de dinamita dirigido, según él, por Trashorras.

A eso de las 18 horas ha presentado informe la defensa de Emiliano Llano Alvarez .
También expuso este miércoles su informe de conclusiones definitivas la abogada del vigilante de Mina Conchita Emilio Llano, Pilar Gómez, que pidió su libre absolución por falta de pruebas. La letrada recordó que Emilio Llano siguió con «el mismo sistema» que el anterior encargado. Sus superiores nunca le indicaron que cambiara esta manera de trabajar, destacó la letrada, que agregó que la Guardia Civil había percibido irregularidades en la gestión de la mina pero que lo toleró como sucedía en todas las explotaciones asturianas.

Emilio Llano, responsable del control de Mina Conchita, está acusado del delito de sumistro de explosivos, por el que la Fiscalía solicita en su caso 5 años de prisión.

El último en declarar en la sesión de este miércoles ha sido el abogado de Abdelmajid Bouchar, considerado autor material de los atentados. Según la Fiscalía, huyó de la casa de Leganés al detectar la presencia de la Policía. El Ministerio Público pide un total de 38.950 años de cárcel para este acusado al que considera responsable de los delitos de pertenencia a banda armada, 191 asesinatos terroristas, 1.841 en grado de tentativa y cuatro estragos terroristas. Su letrado, Juan Jesús Yeves, dijo esta tarde que su cliente «nunca estuvo» en la casa de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés y añadió que, en todo caso, «se marchó mucho antes de que ocurrieran las inmolaciones». Indicó que «no es delito ser árabe» y destacó que no existe ninguna prueba concluyente de autoría de la masacre. El letrado negó cualquier implicación de Bouchar en los acontecimientos de Leganés y se preguntó cómo es posible que tomara parte si no se encontraba allí en el momento en que se produjeron, por lo cual no pudo tomar ninguna decisión sobre la explosión.

Destacó que ninguno de los testigos presenciales, que se encontraban en los trenes en el momento de los atentados, ha realizado un reconocimiento concluyente de su patrocinado. Así, destacó que la única persona que dijo verle admitió que le confundía con Jamal Zougam, con el que tiene un cierto parecido físico. Puso también de manifiesto que no se ha detectado ADN de Bouchar ni en la furgoneta Renault Kangoo, ni en las ropas abandonadas en Vicálvaro.

En cuanto a la identificación realizada por un funcionario policial que le siguió en su supuesta huída de Leganés, el abogado señaló que el agente no reconoció a su representado días después de los hechos en un reconocimiento fotográfico y añadió que tampoco le identificó en una rueda celebrada tiempo después. «Dos años más tarde y en declaraciones a esta sala dice que era él», señaló y agregó: «¿Cómo es posible que cuando le perseguía no lo reconozca ni en fotografía y dos años después lo haga sin ninguna duda?».

También destacó que a la bolsa de basura, que presuntamente depositó Bouchar a la salida del piso, se le «han atribuido varios colores azul, gris, negro». Añadió que «se ha dicho que quien bajó la bolsa no llevaba guantes, sin embargo no se han encontrado las huellas de Bouchar en la misma. La bolsa contenía un hueso de dátil, sin embargo no se practicó análisis de ADN alguno hasta 2005, después de ser detenido Bouchar en Servia».

Y ha manifestado que resulta sorprendente que en dicha bolsa de basura no se hallaran huellas o restos de ADN de alguno de los supuestos suicidas que se encontraban en ese momento en el piso. «¿No había más restos en la bolsa que ese racimo de dátiles?», ha cuestionado el letrado.

«¿Por qué en el desescombro de Leganés no se encuentra ropa de Bouchar, o huellas en las paredes?–se ha preguntado el abogado– Porque nunca estuvo allí». Y ha recordado que «después de 700 testigos, sólo 7 se refieren a Bouchar y de ellos dos son su padre y su hermano. Los 5 que quedan no son fiables según la Fiscalía».

El letrado sugirió que fue la necesidad de detener a alguna persona de origen árabe después de la explosión de Leganés, la que llevó a la detención de su cliente ya que era necesario implicar a alguien. «En este juicio hemos asistido a la celebración de la ceremonia de la acusación. No es delito ser árabe».

Se interrumpe la sesión hasta mañana, empezará entonces la quincuagésimo quinta sesión.

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